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Reforma a telecomunicaciones, simulación o cambio histórico (Segunda Parte): Jenaro Villamil

Reforma a telecomunicaciones, simulación o cambio histórico (Segunda Parte): Jenaro Villamil

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Tal como está redactada la iniciativa de reforma constitucional, los más afectados de inmediato serán los monopolios en telecomunicaciones, como Telmex, y no los de radio y televisión, particularmente Grupo Televisa, coincidieron varios especialistas consultados.
El senador Javier Corral lo admitió claramente en la conferencia de prensa del martes 12 de marzo:

“Creo sinceramente que la reforma en este tema no tiene simetría. Como que a la televisión se le ha cuidado, particularmente al agente dominante en televisión, que es Televisa, porque se está diciendo algo que después va a ser difícil de concretar y que la gente lo vea: que habrá una partición del monopolio actual de la televisión y que va a haber una desincorporación de activos.

“Como está redactada la iniciativa, los límites de concentración en materia de radiodifusión no darán para eso. Hay que tener cuidado con las falsas expectativas, porque el único límite que se impone es el del concesionamiento de frecuencias, nacional o regional, a diferencia de lo que se le impone a los agentes dominantes en materia de telecomunicaciones…En realidad, se dejan de regular los mercados más concentrados en televisión”, afirmó.

Corral, como otros especialistas, han argumentado que para abrir la competencia en el mercado televisivo deben tomarse en cuenta el nivel de concentración en publicidad, distribución de contenidos, audiencias potenciales y zonas de cobertura geográfica. Estos criterios no están incluidos en la iniciativa.

Televisa tiene el 70 por ciento de las concesiones de televisión, concentra el mismo porcentaje en mercado publicitario a nivel nacional, y es la compañía que acapara más del 80 por ciento de los contenidos. La cadena de Canal 2 es la única con capacidad para llegar al 92 por ciento de los hogares del país.

Corral argumentó que en materia de desconcentración sólo se optó “por el futuro”: la licitación de dos nuevas cadenas nacionales y la posibilidad de otras 7 cadenas regionales, “porque hay espectro y el proceso de conversión digital lo multiplica”.

La reforma constitucional ordena en uno de sus transitorios que al culminar la llamada “transición digital”, el 31 de diciembre de 2015, tanto Televisa como TV Azteca están obligadas a devolver las frecuencias o “canales espejo” que les entregaron, para dejar libre la banda de 700 Mhz y ahí desarrollar una red nacional de banda ancha.

En el futuro negocio de la televisión nacional se han mencionado a distintos grupos que están interesados tanto en las dos cadenas nacionales como en las posibles cadenas regionales: desde el propio Carlos Slim hasta su socio MVS (en Grupo Dish), de la familia Vargas; así como nuevos actores como Carlos Peralta, la familia Hank Rhon, el Grupo FEMSA, de Monterrey, la familia Macsise del Estado de México, el grupo Megacable, de Enrique Yamuni, con fuerte presencia en el occidente del país.

Otros empresarios interesados en competir en telefonía, televisión e internet son Tomás Milmo, concesionario de Axtel, Olegario Vázquez Raña, de Grupo Imagen, así como Alejandro Junco, de Grupo Reforma, y Juan Francisco Ealy Ortiz, propietario de El Universal, la familia Cabada, de Canal 44 de Ciudad Juárez, y una multiplicidad de grupos regionales.

En ninguno de los casos, los intereses fundamentales de Televisa y TV Azteca se alteran. Por el contrario, se estableció una “cláusula de exclusión” en la reforma para que las reglas del must carry y del must offer, que obligan a retransmitir de manera gratuita las señales abiertas de televisión en los sistemas de televisión de paga, y viceversa, no se otorguen al agente dominante en telecomunicaciones que tenga más del 50 por ciento del mercado (es decir, Telmex).

En el octavo transitorio de la iniciativa de reforma también le dejan al IFETEL la facultad de eliminar la gratuidad del must carry y del must offer:

“Las obligaciones de ofrecer y retransmitir gratuitamente los contenidos radiodifundidos perderán su vigencia simultáneamente cuando existan contenidos de competencia en los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones. Esta declaración será realizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en los términos que establezca la ley. En este caso, los concesionarios estarán en libertad de acordar los precios y condiciones de la retransmisión de contenidos radiodifundidos. En caso de diferendo el Instituto Federal de Telecomunicaciones determinará la tarifa que deberá estar orientada a costos”.

La única cláusula de exclusión dirigida a Televisa y a TV Azteca es que no podrán participar en las concesiones de nuevas frecuencias de televisión aquellos grupos que actualmente acumulen más de 12 Mhz de espectro (el equivalente a dos canales de televisión) o más en cualquier zona de cobertura geográfica.

“Paradójicamente, a Televisa le conviene la tercera y cuarta cadena de televisión porque disminuirá su porcentaje dominante en materia de concesión de frecuencias (el 70 por ciento)”, observó Irene Levy.

El nuevo negocio del Peñismo

Escasamente analizado, el transitorio décimo sexto de la reforma constitucional establece un nuevo negocio en materia de servicios de telecomunicaciones (internet de banda ancha y telefonía) que dependerá exclusivamente del Ejecutivo federal.

Ordena que el Ejecutivo federal, a través de dependencias y entidades competentes, instalará “una red compartida de servicios de telecomunicaciones al mayoreo”, utilizando al menos 90 Mhz del espectro liberado por la Transición Digital Terrestre (banda 700 Mhz), de los recursos de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (que los impulsores de la iniciativa Internet Libre para Todos habían pedido para uso ciudadano) y “de cualquier otro activo del Estado que pueda utilizarse en la instalación y operación de la red compartida”.

Esta nueva red “podrá contemplar inversión pública o privada”, es decir, puede ser una Asociación Pública Privada (APP), comenzará la instalación “antes de que concluya el año 2014”, es decir, un año antes de las elecciones federales del 2015, y operará “antes de que concluya el año 2018”, es decir, antes de que termine el sexenio.

Se asegurará que en este nuevo consorcio no tenga influencia “ningún prestador de servicios de telecomunicaciones” y prestará servicios exclusivamente a “las empresas comercializadoras y operadoras de redes de telecomunicaciones, bajo condiciones de no discriminación y a precios competitivos”.

En este nuevo negocio “público privado” no tendrá ninguna injerencia el IFETEL, el organismo autónomo que “revolucionará” la actual regulación de los medios y las telecomunicaciones.

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