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“Justicia” al estilo Televisa (Primera Parte)

“Justicia” al estilo Televisa (Primera Parte)

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Una columna de Jenaro Villamil

Primera parte del texto publicado en la edición No. 1907 de Proceso.

Emilio Azcárraga Jean, presidente de Grupo Televisa, le otorgó el 2 de marzo de 2011 un reconocimiento a Cornelio Sipriano Bravo Palestino, abogado y coordinador de asuntos laborales de la empresa, por sus 20 años de “perseverancia y lealtad al sindicato y como empleado” de la más grande compañía de medios de comunicación en México.

“Reconocer tu gran desempeño y esfuerzo es para nosotros de vital importancia debido a que eres un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones de colaboradores de la empresa”, le escribió Azcárraga Jean en una carta privada, con fecha febrero del 2011.

Sin embargo, Bravo Palestino, fue despedido 29 días después del acto público donde Azcárraga Jean le otorgó un diploma y lo celebró a él y a otros trabajadores en el Foro 2 de Televisa San Angel.

El 31 de marzo de 2011 lo despidieron sin mayor explicación. Estaba a punto de cumplir sus dos décadas de servicios y pedir una prejubilación.

Demandó su reinstalación en la empresa. El equipo de abogados de Televisa, ex compañeros del propio Bravo Palestino, rehusó someterse a un arbitraje exhibiendo una cantidad menor a la que le correspondía como liquidación. El solicitaba un pago de prima de antigüedad por 14 millones 589 mil pesos, mientras que Televisa sólo reconoció 1 millón 322 mil 730 pesos como indemnización.

Un arbitraje solicitado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje estableció que el pago por la prima de antigüedad ascendía a una cantidad mayor: 20 millones 578 mil pesos, de acuerdo con el perito Juan Contreras, según el documento que obra en el expediente 2064/2011.

La estrategia de los defensores de Televisa fue no sólo negar el arbitraje, a través de un incidente de insumisión ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sino acusar penalmente a Bravo Palestino por “fraude procesal” y promover la detención y encarcelamiento de quien antes fue señalado como “un ejemplo a seguir” por el propio Azcárraga Jean.

El 19 de abril pasado, el juez trigésimo tercero del Distrito Federal, Alberto Rubalcava Ramírez, giró la orden de aprehensión contra Bravo Palestino, quien fue trasladado al Reclusorio Sur. El pasado 1 de mayo, fecha del Día del Trabajo, el mismo juez le dictó auto de formal prisión, asumiendo como propia toda la argumentación de Grupo Televisa.

En síntesis, la empresa lo acusa de “fraude procesal” por “hacerse pasar” como trabajador sindicalizado cuando fue “de confianza” y porque “pretende obtener un beneficio económico al demandar y reclamar a Televisa Corporación S. A. de C.V. el pago de una prima de antigüedad por la cantidad de 14 millones 589 mil pesos argumentando de manera dolosa que dicha cantidad le corresponde porque Televisa Corporación S.A. de C.V. se obligó, a partir del 1 de enero de 2000, en su calidad de patrón, a pagar una prima de antigüedad a razón de 16 días por año de servicio”.

“Tengo línea y no puedo hacer nada”, admitió en privado el juez Rubalcava Ramírez, ante el equipo de abogados de Bravo Palestino, indicando que la “línea” era del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, quien mantiene una “relación especial” con Televisa.

Elías Azar le ha hecho varios “favores” a Grupo Televisa, desde el encarcelamiento de Paula Cusi, la ex esposa de Emilio Azcárraga Milmo, quien demandó el pago de la sexta parte que le correspondía del legado de El Tigre,(ver Proceso, No. 1605) hasta otros casos de demandas contra la empresa.

A cambio, el presidente del TSJDF, ha celebrado a sus jueces y magistrados en el Estadio Azteca y presume una relación privilegiada con la empresa de Azcárraga Jean, según han confirmado a Proceso distintos magistrados del propio tribunal.

“Criminalizar” demandas contra Televisa

A pesar de ser casos distintos, los abogados defensores Ricardo Rosales Navarrete y Jacinto Cruz, ambos ex integrantes del equipo jurídico de Televisa, ven claras similitudes entre el modus operandi del caso de Bravo Palestino y Cusi.

En ambos, argumentan ante Proceso, se trata de “amedrentar y criminalizar a quienes se atrevan a demandar a Grupo Televisa”. “Están orillando a que un asunto laboral se resuelva por la vía penal. O aceptas sus términos o cárcel”, advierte el abogado Jacinto Cruz.

Los operadores del caso de Bravo Palestino son los mismos que en el caso Cusi: el apoderado general, Joaquín Barcácel Santacruz, y su “brazo derecho” en el equipo jurídico de la empresa, Alejandro Bustos Olivares.

Bustos Olivares estuvo presente la mañana del 25 de abril del 2011, cuando Paula Cusi fue detenida por agentes de la procuraduría capitalina, a las puertas de la oficina de Elías Azar para ser consignada en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, acusada del delito de “falsedad continuada de declaraciones”.

A cambio de salir libre, Cusi se desistió de su reclamo del pago del 4 por ciento del valor actual de las acciones de Televisa o su equivalente (500 millones de dólares), a firmar un convenio de confidencialidad restrictiva que impide a ambas partes hablar sobre los detalles del arreglo y a la cancelación definitiva del juicio civil iniciado en enero de 2007.

El “negociador” en el caso de Paula Cusi fue Alejandro Bustos Olivares, el mismo que articuló la estrategia para encarcelar a Bravo Palestino, ex compañero en el mismo equipo jurídico de Grupo Televisa.

Desde la óptica de sus defensores, el caso de Bravo Palestino es más grave porque en la misma situación que ex coordinador de asuntos laborales se podrían encontrar alrededor de 1 mil 321 trabajadores, desde nivel de intendentes hasta vicepresidentes de Televisa, que están a punto de cumplir 20 años en la empresa y pueden ser corridos sin derecho a la prima de antigüedad y a una indemnización justa.

Bravo Palestino, de 53 años, padece una enfermedad renal crónica, hipertensión arterial y “predisposición a sufrir diabetes por sus antecedentes genéticos”, argumenta su defensor Ricardo Rosales.

Además, es el primero de los ex directivos jurídicos de Televisa que es encarcelado por un asunto laboral y su caso puede sentar un precedente para los más de mil casos similares que están a punto de cumplir dos décadas como trabajadores de la empresa de la familia Azcárraga.

Continúa mañana

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