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La Reforma Energética de 2008: Prolegómeno

La Reforma Energética de 2008: Prolegómeno

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La reforma de 2008 significó un paso hacia la demolición de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, que establecen que la nación es la propietaria de los hidrocarburos, que éstos en exclusiva deben ser explotados por el Estado a través de sus organismos. Esta demolición programada se ejemplifica por recientes afirmaciones en la Woodrow Wilson de Joseph M. Dukert, analista cercano al gobierno de Estados Unidos, que señaló: “…el movimiento hacia la implementación de una cooperación energética de Norteamérica es como una escalera, podemos avanzar un poco, pero una vez que lo hacemos, es imposible regresarnos”. Así, se ha penetrando en el control de los recursos energéticos de nuestro país, subordinándonos a una política energética hegemónica. Peña Nieto se propone, en acuerdo con Estados Unidos, concluir este proceso a través de una reforma constitucional. Adelanta el PAN su apoyo a este proyecto de eliminación de la soberanía energética, anunciando una iniciativa coincidente con las demandas hegemónicas, simulando no ser cola de Peña.

La estructura actual de PEMEX, producto de la reforma de 2008, facilita el paso definitivo. El modelo privatizador y desnacionalizador de la “reforma energética” de 2008 se resume en tres elementos: 1) Privatización de los objetivos de la industria energética nacional; 2) Privatización de sus estructuras; y, 3) Privatización de los instrumentos de operación.

Primero. Los objetivos de la industria petrolera nacional, violando la Constitución, se privatizaron: las reformas asignaron a PEMEX y a los nuevos organismos creados, características corporativas. Diluyen el carácter público de PEMEX, homologando sus objetivos y la de los organismos del sector a los de las empresas privadas, cuya finalidad es extraer y vender petróleo con la mayor rapidez para “maximizar la ganancia”, en lugar de que PEMEX mantuviera su naturaleza pública con el fin de ser la palanca del desarrollo nacional. La reforma asumió los objetivos hegemónicos de los países del “grupo de los ocho” para asegurar que las reservas petroleras del mundo fluyan hacia ellos. Se adoptaron los propósitos del “Informe Cheney” de 2001[1], para la integración energética entre los socios del Tratado de Libre Comercio en beneficio de Norteamérica y explicitados en la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), de 2005.

Segundo. Por privatización de estructuras aludimos a la privatización de la organización. La nueva Ley de Petróleos Mexicanos construyó un régimen de excepción jurídica. PEMEX tiene una regulación de adquisiciones específico; creó un Consejo de Administración, cuyos “consejeros independientes” están regulados de forma distinta al resto de los servidores públicos –en materia de salarios, responsabilidades e inmunidades- y, entre sus fines está conducir a PEMEX y organismos subsidiarios, “conforme a las mejores prácticas corporativas de la industria” –artículo 19 de la Ley de PEMEX-. Esta estructura es para que el Estado y el gobierno pierdan el control sobre la industria petrolera y para que ésta se guíe por objetivos empresariales, desvinculados del interés general y público del Estado, aunque el Presidente mantiene su control personal: participa en el nombramiento de los consejeros, del Director de PEMEX y, somete a la industria a la Secretaría de Hacienda.

La reforma autoriza la creación de múltiples filiales por el Consejo de Administración que desarticulan la visión nacional de una industria energética integrada –fracción XI del artículo 19 de la Ley de Petróleos Mexicanos-. Las filiales son el vehículo para la celebración de contratos que suplantan a PEMEX en sus actividades sustantivas. En los campos en donde participan contratistas, las filiales son las que celebran los contratos con las empresas extranjeras. Ejemplo: cualquier filial de PEMEX crea con el contratista extranjero un “ vehículo financiero” en donde los intereses de PEMEX tienen una posición desventajosa, pues el organismo participa con el 10% del control de ese vehículo y, el contratista retiene para sí el 90% del control de la sociedad. La nueva sociedad objeto de la asociación de la filial de PEMEX con el contratista es una figura que no está regida por la Ley de Entidades Paraestatales, sino por el derecho privado, lo que implica que no existe posibilidad alguna de que se rindan cuentas a la Auditoría Superior de la Federación. Estas prácticas son totalmente contrarias a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y, constituyen el instrumento fundamental de la privatización.

Tercero. Se privatizan los instrumentos de operación. La reforma aprobó “bonos ciudadanos”, los que no han cumplido aún su fin privatizador y, también reguló los contratos en los artículos 51, 60 y 61 de la Ley de PEMEX. En aplicación de la reforma, la dirección de PEMEX confirmó sus objetivos desnacionalizadores y amplió el esquema de los contratos de servicios. La reforma permite que PEMEX, sus subsidiarias y filiales, celebren contratos con particulares para que éstos realicen servicios de exploración y producción de hidrocarburos en un bloque territorial. El procedimiento de contratación es: Se efectúa una licitación pública o asignación directa para explotar un bloque, el contratista que gana la licitación es el que ofrece la menor tarifa por barril, PEMEX se compromete a pagar rendimientos por los barriles extraídos, la duración de los contratos es por 25 años y pueden ser prorrogables por igual periodo y, el contratista se beneficia de los incrementos de los precios internacionales del crudo. El contratista accede, no sólo a un contrato que en los hechos constituye una concesión, sino al control sobre una parte del territorio nacional. El esquema contraría flagrantemente los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, porque nuestro texto fundamental prohíbe que mediante concesiones o contratos se exploten los hidrocarburos y, también es contrario a la soberanía porque entregamos porciones del territorio del país.

*Ver libro: “Reforma Energética. Un modelo privatizador” de Manuel Bartlett Díaz, publicado en Febrero de 2009.


[1] Ex vicepresidente de los Estados Unidos con George W. Bush.

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