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Democracia Vs Poder absoluto

Democracia Vs Poder absoluto

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[media url=”http://www.youtube.com/watch?v=N9HpC11GUxA” width=”600″ height=”400″]Una de las características más importantes en un Estado democrático es el equilibrio entre los poderes que lo conforman.

La historia de México está marcada por la lucha entre aquellos que quieren concentrar el poder en unas cuantas manos y quienes creen que lo ideal es que exista un equilibrio en la toma de decisiones y en la conducción del Estado.

En este sentido, es la misma historia quien ha demostrado que el poder absoluto es una perversión; que deja sin libertad de acción a los ciudadanos y por ende a merced de las decisiones de los gobiernos autoritarios.

El Constituyente Original de la República declaró, en la Constitución de 1917, que el poder no debía estar concentrado en una sola persona, y para su ejercicio se dividiría en tres Poderes de la Unión y así el artículo 49 constitucional establece que: “el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”.

Esta división del poder tiene como objetivo evitar el abuso, la tiranía y el autoritarismo; pues una verdadera democracia sólo puede construirse y consolidarse a través del equilibrio en los poderes.

En los últimos años México ha tenido grandes avances en materia de vigilancia entre los poderes, pero sobre todo en el respeto a la independencia y autonomía de cada uno de ellos.

Porque nunca debemos olvidar que terminada la lucha armada de masas, fruto de la Revolución Mexicana, se institucionalizó en México la democracia a través de la creación de un partido de Estado que agrupaba todas las organizaciones sociales y a través de ellas ejercía el control desde la presidencia, incluso hacia los poderes legislativo y judicial, bajo un sistema presidencial autoritario.

La creación de dicho partido, llevaría a México a vivir por más de 70 años bajo un régimen presidencialista y de un partido de Estado.

Esto ocasionó que por muchos años, no existiera un verdadero control y vigilancia en la actuación del Ejecutivo por parte del Legislativo. Fue hasta las elecciones del 1º de septiembre de 1997, que por primera vez el partido oficial perdió la mayoría en el Congreso de la Unión al obtener sólo 239 diputados en la Cámara Baja.

A partir de entonces, el Congreso de la Unión comenzó a tener un papel más proactivo en vigilar que las actuaciones del Poder Ejecutivo fueran con apego al marco Constitucional y sobre todo en beneficio del pueblo mexicano.

A partir de entonces el artículo 93 constitucional, materia de la presente iniciativa, tuvo cambios importantes ampliaron la facultad del Congreso de la Unión para fiscalizar la actuación del Presidente de la República, así como de los secretarios de Estado, directores y administradores de las entidades paraestatales y de los titulares de órganos autónomos.

Es este sentido, las facultades y responsabilidades que ha adquirido el Congreso de la Unión son amplias pero no bastas.

Más aun frente a la reforma energética aprobada en diciembre de 2013, en la que se crea una nueva figura para la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, dejando de ser empresas paraestatales para ser consideradas jurídicamente como Empresas Productivas del Estado.

El pasado 7 de enero del presente año Diego Valadés, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, alertaba de la necesidad de regular jurídicamente la vigilancia por parte del Congreso de la Unión hacia estas empresas productivas del Estado, y argumentaba que con la Reforma Energética, “se contrajo aún más la débil estructura de controles susceptibles de ser ejercidos por el Congreso”.

Es decir, el papel de vigilancia que tiene el Poder Legislativo es nulo frente a la creación de este nuevo modelo de empresa pública bajo el control del gobierno.

En el dictamen de la Reforma Energética, se manifiesta que las empresas productivas del Estado, en cuanto a su propiedad y control, estarán bajo el control del Gobierno Federal a efecto de llevar a cabo actividades de exploración y extracción de petróleo y otros hidrocarburos del subsuelo.

Con esto se crea una nueva figura de empresa que controlará y rendirá cuentas al Ejecutivo pero con características diferentes a una empresa paraestatal, dejándolas fuera de la vigilancia y rendición de cuentas al Congreso de la Unión.

De lo anterior, surge la necesidad de ajustar el texto Constitucional del artículo 93 a fin de que el Congreso tenga la facultad de exigir rendición de cuentas a los directores de este nuevo modelo de empresa productiva o de lo contrario habría un vacío legal y se encontraría en estado de incompetencia, pues toda autoridad debe apegarse al principio de legalidad.

En este mismo sentido la reforma energética modifica el monopolio en hidrocarburos por parte del Estado y abre la puerta incorrectamente a la inversión privada nacional y extranjera en esta área estratégica para la nación, otorgando asignaciones para la exploración y extracción en petróleo, gas o cualquier otro hidrocarburo.

Legislaciones como la de España, prevén la facultad del Legislativo de intervenir o investigar empresas privadas, cuando el interés general está por encima de los intereses particulares de las empresas.

En el mismo sentido, la legislación de Panamá contempla que el poder Legislativo puede emprender acciones de investigación incluso a empresas privadas cuando se trata de un asunto de interés público.

Es decir, debido a que la reforma energética abre la puerta para que empresas privadas exploten un recurso estratégico para la nación, es indispensable que toda empresa que desee invertir en esa área en México, sea sujeta de investigación por parte del Congreso de la Unión, toda vez que explotan y trabajan en un área de la que depende la soberanía y el desarrollo de la nación.

Por ende si el gobierno federal, y en verdad tiene la intención de que exista transparencia en el manejo de los hidrocarburos en esta nueva etapa para el país, deberán apoyar esta propuesta de reforma y dotar de mayores atribuciones de vigilancia al Congreso de la Unión en esta materia.

En este sentido, con la modificación se pretende que, además de las comparecencias previstas actualmente en artículo 93, se incorpore a los directores de las empresas productivas del Estado y directores de empresas privadas de áreas estratégicas para la nación, para informar acerca de sus respectivos ramos, así como facultar al congreso para investigar su funcionamiento.

Fuente: Dominio Ciudadano.

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DC

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