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La nueva “LEY TELEVISA” Una columna de Jenaro Villamil

La nueva “LEY TELEVISA” Una columna de Jenaro Villamil

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En los terrenos privados de Emilio Azcárraga Jean y Bernardo Gómez en el centro vacacional del municipio mexiquense de Valle de Bravo, en el rumbo de la ex hacienda Casas Viejas, el 2 de enero de 2014 un invitado muy especial inauguró el campo de golf de los principales directivos de Televisa.

Se trató del primer mandatario Enrique Peña Nieto, cuyo gusto por el golf está ampliamente documentado. No sólo fue a inaugurar los 18 hoyos del campo. También renovó el compromiso y las relaciones con la principal empresa de comunicaciones en México, la misma que lo llevó en un convenio millonario de spots y cobertura televisiva especial hasta la presidencia de la República.

Las relaciones entre el presidente de la República y Televisa se enfriaron a raíz de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, aprobada el año pasado, y la tardanza en los convenios de publicidad.

Desde el inicio de este año, la cobertura informativa a favor de la presidencia de la República, incluso en los casos más críticos como el conflicto en Michoacán, han privilegiado la versión oficial en los principales espacios noticiosos de Televisa.

En ese encuentro privado en Valle de Bravo, comentan quienes se enteraron, no sólo se renovó el buen trato sino se cabildearon asuntos esenciales de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones, cuya iniciativa oficial se conocerá en los primeros días de febrero.

En especial, cuatro temas han generado el disgusto de Televisa: el proceso de investigación iniciado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para declarar al grupo como “agente económico preponderante” y la posibilidad de que tenga que desagregar activos y eliminar propiedad cruzada en varias empresas, especialmente de televisión restringida; el proyecto de licitación de las 2 cadenas de televisión digital abierta, anunciado formalmente por el mismo instituto el 20 de diciembre de 2013 a través del Diario Oficial de la Federación; el avance del llamado “apagón analógico” dentro del programa de Televisión Digital Terrestre; y la instalación, antes de que concluya el año 2014, de una “red compartido de servicios de telecomunicaciones” en la banda 700 Mhz, que la empresa de Azcárraga Jean ve una amenaza para su proyecto de triple play.

Estos temas, entre otros, fueron los tratados como reclamos de Televisa para que en las leyes secundarias de la reforma de telecomunicaciones sus intereses no sean afectados. En especial, argumentaron que la declaratoria de la compañía como “agente económico preponderante” puede desincentivar las inversiones que estaban programadas.

Desde la fusión de Televisa y Iusacell, aprobada en junio de 2012, a un mes de la elección presidencial, el grupo de Azcárraga Jean se ha negado a la investigación y a entregar informes sobre presuntas prácticas monopólicas y de concentración.

Televisa presentó ante la Suprema Corte de Justicia un amparo en contra de la investigación que realizaba la Comisión Federal de Competencia en materia de dominancia. El 3 de octubre de 2013 la Segunda Sala de la Corte le negó el amparo a la compañía y determinó que era constitucional que el organismo antimonopolio solicitara informes “que estime relevantes y pertinentes para realizar sobre monopolios, prácticas de monopolio o concentraciones”.

Un mes después, el 22 de noviembre de 2013, Televisa se amparó en contra de la investigación contra la indagatoria del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Este órgano regulador, surgido de la reforma constitucional, deberá determinar, a más tardar el 9 de marzo de este año, la preponderancia de los dos principales agentes dominantes en la industria: Televisa y Telmex-América Móvil.

Las presiones de Televisa para posponer este procedimiento prosperaron. El martes 28 de enero, durante su participación en la reunión plenaria de los diputados federales del PRI, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, les comentó a sus correligionarios que, “en mi opinión, sería conveniente encontrar un mecanismo, desde luego, legislativo para que el IFT no se vea presionado por esa fecha límite (9 de marzo), fijada ya en la Constitución y realice procedimientos sin que exista una ley orgánica de la reforma constitucional”.

Ruiz Esparza, quien ya no es regulador en materia de televisión y radio, insistió en este tema con argumentos muy similares a los expresados por Televisa: “la preponderancia es un tema sumamente sensible que al abordarse deberá cuidar que no desincentive las inversiones de prestadores de servicios ante el riesgo de ser declarados preponderantes”.

Las críticas le llovieron a Ruiz Esparza por parte de especialistas, ex funcionarios del sector y algunos legisladores de la oposición, como la diputada del PRD, Purificación Carpinteyro.

El ex subsecretario de Comunicaciones durante el sexenio foxista, Jorge Alvarez Hoth, escribió en su colaboración en el periódico Reforma, el 29 de enero:

El plazo que la Constitución le dio al Congreso para la publicación de la legislación convergente, coloquialmente conocidas como ‘leyes secundarias’, venció el pasado 9 de diciembre ante la candidez de algunos senadores que simplemente expresaron que no lo cumplirían y con ello abonarían –se dice que intencionalmente- a dificultarle al IFT la ejecución de su compromiso del próximo 9 de marzo, con respecto a uno de los posibles señalados como agentes económicos preponderantes…

Pensar que retrasando la publicación de las secundarias se logra alterar el espíritu de la reforma constitucional es un error, baste con revisar lo que señalan los transitorios mencionados (el Tercero, el Cuarto y el Octavo Transitorios) y, en particular, la fracción I del Tercero (‘establecer tipos penales especiales que castiguen severamente prácticas monopólicas y fenómenos de concentración’).

El otro tema que Televisa trató también con Peña Nieto fue acotar la licitación de las dos nuevas cadenas de televisión abierta en tecnología digital, sobre todo, para que no entren competidores incómodos, como alguna compañía extranjera y, mucho menos, Carlos Slim, el magnate de las telecomunicaciones con quien trae una guerra abierta desde 2011.

El IFT determinó en el documento sobre la licitación de las dos nuevas cadenas de televisión “Programa de Licitación y Adjudicación de Frecuencias de Televisión Radiodifundida Digital” que Televisa y TV Azteca poseen el 95 por ciento de las concesiones de televisión, el 96 por ciento de la audiencia y el 99 por ciento de la publicidad de televisión comercial.

El organismo regulador subrayó que “las posibilidades de competencia sólo pueden venir de otras cadenas de tv abierta, de cobertura nacional”. El IFT identificó que “hay integración vertical” entre Televisa y TV Azteca, lo cual constituye una “importante barrera de entrada” en este mercado. Y determinó que ninguna de las dos grandes compañías, ni sus filiales, subsidiarias o asociadas pueden participar en la licitación de las dos nuevas cadenas de televisión.

El documento no le gustó nada a Televisa ni a TV Azteca. El silencio en torno a este proyecto ha predominado en la cobertura informativa de las dos principales empresas del sector.

El proyecto de licitación de las dos cadenas está estrechamente relacionado con la transición hacia la Televisión Digital Terrestre (TDT), que deberá culminar en 2015, según el calendario del proyecto original. Desde el caso del primer “apagón analógico”, en Tijuana, Televisa y TV Azteca han dinamitado el proyecto.

Según el decreto del 20 de diciembre 2013 de IFT, una vez que culmine la transición hacia la TDT “se generarán oportunidades para replanificar progresivamente el espectro radioeléctrico, a efecto de comprimirlo hacia las bandas UHF por debajo del canal 37, por lo que la política de TDT estabelce que los canales que deberán asignarse preferentemente deben ser entre el 7 y el 36”, lo cual afecta los intereses tanto de Televisa como de TV Azteca.

A unos días de la reunión en Valle de Bravo, el presidente de IFT, Gabriel Contreras se reunió con Francisco Borrego, vicepresidente jurídico de Grupo Salinas y con Rafael Rodríguez Sánchez, director jurídico de TV Azteca, el 14 de enero, y con Javier Tejado Dondé, vicepresidente de Información de Televisa, el 23 de enero.

Según un comunicado del organismo, la reunión fue para “externar su postura en torno a la modificación del Programa de Licitación y Adjudicación de Frecuencias de Televisión Radiodifundida Digital”. En otras palabras, para influir en la licitación de las dos cadenas.

El viernes 24 de enero, al día siguiente de la reunión de Contreras con Tejado Dondé, el IFT emitió un comunicado donde resolvió modificar 8 frecuencias, ajustar otras 4 frecuencias y “adicionar una nota en la que se clarifican cuestiones relativas a manifestaciones sobre posibles interferencias perjudiciales y a las coordenadas de referencia de las zonas de cobertura en que se podrá prestar el servicio de televisión radiodifundida”.

Detrás de las explicaciones técnicas, hubo una clara presión de las televisoras, especialmente de Televisa. Hasta el momento, el organismo regulador no ha explicado en qué consisten las modificaciones realizadas.

Ley secundaria, “contrarreforma”

En la descripción más detallada que públicamente se ha hecho del proyecto de ley secundaria o “convergente” entre telecomunicaciones y radiodifusión, el subsecretario de Comunicaciones, José Ignacio Peralta, les adelantó a los diputados federales del PRI y del Partido Verde, el 28 de enero, que este ordenamiento contiene más de 300 artículos, 17 títulos y es el resultado de la “más de 30 propuestas no solicitadas por parte de la industria”, así como opiniones y consultas de organismos internacionales como la OCDE y la UIT.

Peralta describió en términos generales el contenido, sin entrar en los detalles más conflictivos. Afirmó que la ley regulará las facultades, obligaciones y responsabilidades de los comisionados del IFT, establecerá “reglas de contacto” de los reguladores con los regulados, sobre todo, con las poderosas empresas de telecomunicaciones y de televisión.

Mencionó que un capítulo amplio será en torno a la figura de “concesión única”, así como normará la prórroga de concesiones y “una serie de reglas para la compartición de la infraestrucutura”.

Sobre el tema de la preponderancia y la regulación asimétrica, los dos temas más sensibles para Televisa y Telmex, Peralta afirmó que “se establecerán catálogos muy claros que son enunciativos, pero no limitativos de elementos de regulación asimétrica que debe ser aplicada al preponderante en radiodifusión y al de telecomunicaciones”.

Dijo que un tema “muy importante” es el de la regulación de los derechos de los usuarios de las telecomunicaciones, pero Peralta no mencionó nada sobre derechos de las audiencias, tema vetado por Televisa, ya que implicaría crear figuras como el ombudsman o defensor de audiencias, limitar el contenido de los programas que denigran u ofenden o saturan la pantalla con publicidad explícita o implícita.

Tampoco mencionó nada sobre el proyecto de la liberación de la banda 700 Mhz, ni la conformación de la “red compartida de telecomunicaciones” establecida en el artículo 16 transitorio de la reforma constitucional.

Sobre contenidos, Peralta sólo mencionó ante los diputados federales del PRI que se regula “la producción nacional independiente, que es un tema que busca incentivar” y nada sobre las sanciones o revocación de las concesiones.

La legislación secundaria en telecomunicaciones será discutida en la Cámara de Diputados, como cámara de origen, donde el PRI tiene un mayor control y una fácil mayoría. Además, en ambas cámaras, Senado y San Lázaro, los presidentes de las comisiones dictaminadoras están claramente identificados con los intereses de la industria y, sobre todo, con Televisa.

En Cámara de Diputados, los dos principales dictaminadores serán Federico González Luna Bueno, identificado como parte de la “Telebancada”, artífice de la Ley Televisa, del 2006, y el priista Héctor Gutiérrez de la Garza. En el Senado, serán el panista Javier Lozano Alarcón, quien frenó en las reformas constitucionales muchos de los puntos que afectaban a la industria televisiva, según denunció su correligionario Javier Corral, y la perredista, Alejandra Barrales, quien no se ha pronunciado hasta ahora ni plantea ninguna crítica a los agentes dominantes en la industria.

González Luna y Lozano Alarcón, junto con Javier Tejado Dondé, vicepresidente de Información de Televisa, forman parte del consejo fundador del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), presidido por Gerardo Soria y con una clara alineación a favor de las posturas e intereses de Televisa.

Especialistas consultados por Proceso, que ya conocen el borrador de la ley secundaria que se conocerá en los próximos días, afirmaron con pesimismo que se trata de una “contrarreforma” que beneficia “hasta la cocina” a Grupo Televisa.

A condición de mantener el anonimato, estos especialistas destacan que la ley secundaria no afectará al sector de radiodifusión (Televisa) como en materia de telecomunicaciones ni garantiza un organismo regulador fuerte, frente a los poderosos intereses que mueven a este sector.

Los beneficios para las empresas más pequeñas, frente a los gigantes del sector, son mínimos y difícilmente se combatirá con esta ley la llamada “pobreza digital” o la llamada brecha digital que predomina en México: apenas 11 de cada 100 habitantes en nuestro país tienen acceso a banda ancha fija y sólo 12 por ciento a banda ancha móvil. Sólo el 30 por ciento de los hogares están conectados a internet y casi el 50 por ciento de las comunidades del país no tienen conectividad real.

Frente a esto, el titular de la SCT, Gerardo Ruiz reiteró en rueda de prensa, el jueves 30 de enero en la plenaria de los senadores del PRI en Mérida que en las leyes secundarias “debemos privilegiar la inversión, no tanto por el hecho en un momento dado de tratar de afectar a alguien, eso ya no debiera ser, debemos de ver a México, debemos ver la importancia de que la inversión crezca y debemos ver que no se inhiba, simple y sencillamente”.

Privilegiar la inversión, como en anteriores esfuerzos por reformar el sector de las telecomunicaciones y la televisión y la radio, acabó beneficiando a quienes ya dominan en el sector.

Acotar licitación de dos nuevas cadenas de TV

El otro tema que Televisa trató también con Peña Nieto fue acotar la licitación de las dos nuevas cadenas de televisión abierta en tecnología digital, sobre todo, para que no entren competidores incómodos, como alguna compañía extranjera y, mucho menos, Carlos Slim, el magnate de las telecomunicaciones con quien trae una guerra abierta desde 2011.

El IFT determinó en el documento sobre la licitación de las dos nuevas cadenas de televisión “Programa de Licitación y Adjudicación de Frecuencias de Televisión Radiodifundida Digital” que Televisa y TV Azteca poseen el 95 por ciento de las concesiones de televisión, el 96 por ciento de la audiencia y el 99 por ciento de la publicidad de televisión comercial.

El organismo regulador subrayó que “las posibilidades de competencia sólo pueden venir de otras cadenas de tv abierta, de cobertura nacional”. El IFT identificó que “hay integración vertical” entre Televisa y TV Azteca, lo cual constituye una “importante barrera de entrada” en este mercado. Y determinó que ninguna de las dos grandes compañías, ni sus filiales, subsidiarias o asociadas pueden participar en la licitación de las dos nuevas cadenas de televisión.

El documento no le gustó nada a Televisa ni a TV Azteca. El silencio en torno a este proyecto ha predominado en la cobertura informativa de las dos principales empresas del sector.

El proyecto de licitación de las dos cadenas está estrechamente relacionado con la transición hacia la Televisión Digital Terrestre (TDT), que deberá culminar en 2015, según el calendario del proyecto original. Desde el caso del primer “apagón analógico”, en Tijuana, Televisa y TV Azteca han dinamitado el proyecto.

Según el decreto del 20 de diciembre 2013 de IFT, una vez que culmine la transición hacia la TDT “se generarán oportunidades para replanificar progresivamente el espectro radioeléctrico, a efecto de comprimirlo hacia las bandas UHF por debajo del canal 37, por lo que la política de TDT estabelce que los canales que deberán asignarse preferentemente deben ser entre el 7 y el 36”, lo cual afecta los intereses tanto de Televisa como de TV Azteca.

A unos días de la reunión en Valle de Bravo, el presidente de IFT, Gabriel Contreras se reunió con Francisco Borrego, vicepresidente jurídico de Grupo Salinas y con Rafael Rodríguez Sánchez, director jurídico de TV Azteca, el 14 de enero, y con Javier Tejado Dondé, vicepresidente de Información de Televisa, el 23 de enero.

Según un comunicado del organismo, la reunión fue para “externar su postura en torno a la modificación del Programa de Licitación y Adjudicación de Frecuencias de Televisión Radiodifundida Digital”. En otras palabras, para influir en la licitación de las dos cadenas.

El viernes 24 de enero, al día siguiente de la reunión de Contreras con Tejado Dondé, el IFT emitió un comunicado donde resolvió modificar 8 frecuencias, ajustar otras 4 frecuencias y “adicionar una nota en la que se clarifican cuestiones relativas a manifestaciones sobre posibles interferencias perjudiciales y a las coordenadas de referencia de las zonas de cobertura en que se podrá prestar el servicio de televisión radiodifundida”.

Detrás de las explicaciones técnicas, hubo una clara presión de las televisoras, especialmente de Televisa. Hasta el momento, el organismo regulador no ha explicado en qué consisten las modificaciones realizadas.

Ley secundaria, “contrarreforma”

En la descripción más detallada que públicamente se ha hecho del proyecto de ley secundaria o “convergente” entre telecomunicaciones y radiodifusión, el subsecretario de Comunicaciones, José Ignacio Peralta, les adelantó a los diputados federales del PRI y del Partido Verde, el 28 de enero, que este ordenamiento contiene más de 300 artículos, 17 títulos y es el resultado de la “más de 30 propuestas no solicitadas por parte de la industria”, así como opiniones y consultas de organismos internacionales como la OCDE y la UIT.

Peralta describió en términos generales el contenido, sin entrar en los detalles más conflictivos. Afirmó que la ley regulará las facultades, obligaciones y responsabilidades de los comisionados del IFT, establecerá “reglas de contacto” de los reguladores con los regulados, sobre todo, con las poderosas empresas de telecomunicaciones y de televisión.

Mencionó que un capítulo amplio será en torno a la figura de “concesión única”, así como normará la prórroga de concesiones y “una serie de reglas para la compartición de la infraestrucutura”.

Sobre el tema de la preponderancia y la regulación asimétrica, los dos temas más sensibles para Televisa y Telmex, Peralta afirmó que “se establecerán catálogos muy claros que son enunciativos, pero no limitativos de elementos de regulación asimétrica que debe ser aplicada al preponderante en radiodifusión y al de telecomunicaciones”.

Dijo que un tema “muy importante” es el de la regulación de los derechos de los usuarios de las telecomunicaciones, pero Peralta no mencionó nada sobre derechos de las audiencias, tema vetado por Televisa, ya que implicaría crear figuras como el ombudsman o defensor de audiencias, limitar el contenido de los programas que denigran u ofenden o saturan la pantalla con publicidad explícita o implícita.

Tampoco mencionó nada sobre el proyecto de la liberación de la banda 700 Mhz, ni la conformación de la “red compartida de telecomunicaciones” establecida en el artículo 16 transitorio de la reforma constitucional.

Sobre contenidos, Peralta sólo mencionó ante los diputados federales del PRI que se regula “la producción nacional independiente, que es un tema que busca incentivar” y nada sobre las sanciones o revocación de las concesiones.

La legislación secundaria en telecomunicaciones será discutida en la Cámara de Diputados, como cámara de origen, donde el PRI tiene un mayor control y una fácil mayoría. Además, en ambas cámaras, Senado y San Lázaro, los presidentes de las comisiones dictaminadoras están claramente identificados con los intereses de la industria y, sobre todo, con Televisa.

En Cámara de Diputados, los dos principales dictaminadores serán Federico González Luna Bueno, identificado como parte de la “Telebancada”, artífice de la Ley Televisa, del 2006, y el priista Héctor Gutiérrez de la Garza. En el Senado, serán el panista Javier Lozano Alarcón, quien frenó en las reformas constitucionales muchos de los puntos que afectaban a la industria televisiva, según denunció su correligionario Javier Corral, y la perredista, Alejandra Barrales, quien no se ha pronunciado hasta ahora ni plantea ninguna crítica a los agentes dominantes en la industria.

González Luna y Lozano Alarcón, junto con Javier Tejado Dondé, vicepresidente de Información de Televisa, forman parte del consejo fundador del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), presidido por Gerardo Soria y con una clara alineación a favor de las posturas e intereses de Televisa.

Especialistas consultados por Proceso, que ya conocen el borrador de la ley secundaria que se conocerá en los próximos días, afirmaron con pesimismo que se trata de una “contrarreforma” que beneficia “hasta la cocina” a Grupo Televisa.

A condición de mantener el anonimato, estos especialistas destacan que la ley secundaria no afectará al sector de radiodifusión (Televisa) como en materia de telecomunicaciones ni garantiza un organismo regulador fuerte, frente a los poderosos intereses que mueven a este sector.

Los beneficios para las empresas más pequeñas, frente a los gigantes del sector, son mínimos y difícilmente se combatirá con esta ley la llamada “pobreza digital” o la llamada brecha digital que predomina en México: apenas 11 de cada 100 habitantes en nuestro país tienen acceso a banda ancha fija y sólo 12 por ciento a banda ancha móvil. Sólo el 30 por ciento de los hogares están conectados a internet y casi el 50 por ciento de las comunidades del país no tienen conectividad real.

Frente a esto, el titular de la SCT, Gerardo Ruiz reiteró en rueda de prensa, el jueves 30 de enero en la plenaria de los senadores del PRI en Mérida que en las leyes secundarias “debemos privilegiar la inversión, no tanto por el hecho en un momento dado de tratar de afectar a alguien, eso ya no debiera ser, debemos de ver a México, debemos ver la importancia de que la inversión crezca y debemos ver que no se inhiba, simple y sencillamente”.

Privilegiar la inversión, como en anteriores esfuerzos por reformar el sector de las telecomunicaciones y la televisión y la radio, acabó beneficiando a quienes ya dominan en el sector.

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