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Nuestras minas son de suma importancia

Nuestras minas son de suma importancia

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México es reconocido mundialmente por su industria minera, ocupa el primer lugar en la producción de plata, y se ubica entre los 10 principales productores de 16 diferentes minerales, al mismo tiempo, es conocido por contar con una legislación minera deficiente, además de bajas tasas de impuestos y falta de regalías mineras.

Hay que recordar que la apertura del sector minero se dio derivado de una serie de reformas en la legislación en esta materia en los años 1982 y 1996, las cuales lograron abrir la industria metalúrgica al capital privado.

Para obtener un terreno minado, como única obligación, se debían registrar las empresas extranjeras como una “sociedad mexicana”, con domicilio fiscal en el país, sin ninguna restricción, sin importar que todo su capital fuera extranjero.

Hoy, el 70 % de la industria minera mexicana está ocupado por empresas extranjeras, de éstas, el 74 % es de participación de compañías canadienses y 15 % de estadounidenses.

Alarmante resulta que según versiones de una empresa canadiense minera el “potencial minero” mexicano radica en que “no tiene que contribuir con el erario público, y mucho menos con la comunidad”.

Lo anterior muestra una realidad derivada de una legislación minera incompetente, puesto que en México se cobran impuestos ridículamente bajos en este sector, comparado con sus ingresos.

En el “Estudio de la minería en México. Un análisis comparado con Canadá”, elaborado por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México de la Secretaría de Gobernación, se destaca la comparativa entre estos dos países, bajo la justificación de que Canadá provienen 7 de cada 10 mineras extranjeras instaladas en México, por lo que las diferencias son notables.

El primer comparativo es una trasnacional canadiense, con sede en Vancouver, ésta tiene varios proyectos en México, donde es la principal productora de oro. En Canadá, se rige bajo la Ley de Impuestos Mineros de la Columbia Británica, y de acuerdo con esa ley, por la explotación de una mina se tienen que pagar: 2 % de su ingreso operativo, más 13 % de su ingreso neto acumulado adicional; dos impuestos sobre la renta, uno provincial de 10 % y otro federal de 15 %; además de cumplir con requisitos como haber tramitado una licencia social de operación, pagar permisos y trámites municipales; la concesión no es de 50 años como en México y se obliga a seguir reglas y protocolos ambientales estrictos.

En contraste, en México el único impuesto que tiene que se debe pagar es el Impuesto Sobre la Renta, que además es acreditable por el Convenio de Eliminación de Doble Tributación, lo que implica que puede acceder a créditos o privilegios fiscales.

En números significa que la mencionada transnacional canadiense tiene 70 mil 900 hectáreas concesionadas en Sonora, en las que explota una mina de oro; la explotación de esa mina en 2012 le produjo una utilidad bruta superior a los 2 mil millones de pesos, pagando $5.70 pesos semestrales por cada hectárea de la concesión, da un total de 809 mil pesos en el año, equivalentes a 0.039 % de sus utilidades netas.

Otro ejemplo que el estudio recoge, es el de otra minera canadiense ubicada en La Encantada, Coahuila, la cual pagó el año pasado al gobierno mexicano 68 mil 160 pesos de impuestos, es decir el 0.004 % de sus utilidades brutas. Una situación similar tiene una tercera compañía canadiense minera, ubicada en San José, Oaxaca; la cual erogó al gobierno de México en 2012, 4 millones de pesos, esto es, 0.20 % de sus utilidades.

Lo anterior sucede ya que en México el pago de impuestos se cobra sobre utilidades netas, es decir, ya eliminando los costos; en cambio, en Canadá pagan sobre las utilidades brutas, es decir, por lo que extraen.

En cuanto a los salarios se refiere, estos representan otra triste comparación entre México y Canadá. Mientras un trabajador minero mexicano gana en 3.26 dólares canadienses por hora, en Canadá se perciben 30 dólares canadienses por este lapso; es decir, si un minero trabaja una jornada de ocho horas, para un mexicano le significa 317 pesos, mientras que un minero canadiense representa 2 mil 923 pesos por el mismo tiempo; las cifras antes mencionadas exponen a la luz pública los abusos que se comenten en el sector minero nacional.

Por su parte, el Pacto por México propuso revisar lo concerniente a la industria minera, para lo cual se estableció como objetivo examinar el esquema de concesiones y pagos de derechos  federales vinculados a la producción. Desafortunadamente los cambios fueron insuficientes, simplemente se autoriza al Gobierno Federal a cobrar un derecho especial de minería de 5 % sobre las utilidades netas de las empresas mineras, cuando en otros países se cobra un impuesto sobre la minería y éste es sobre las ganancias brutas.

Además, cabe destacar la opacidad que se tiene con la información y cifras respecto a la minería en México, el estudio realizado por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México menciona que durante el desarrollo del estudio se encontraron con la dificultad de que las bases de datos oficiales se alejan de la veracidad de los hechos, puesto que las cifras, estadísticas, datos e indicadores han sido disfrazados por las mismas autoridades, exhibiendo así que el sector minero está siendo ignorado, olvidado y manipulado por las autoridades federales.

Compañeros legisladores, es necesario hacer hincapié en la situación minera del país, revisando la legislación de aquel sector y el ámbito laboral, con el objeto de verificar que efectivamente se esté cobrando lo justo por la extensión de los terrenos que explotan, además de que los trabajadores mineros tengan un pago razonable y justo por sus servicios.

Por lo anterior, exhorto a la Secretaría de Economía para que diseñe estrategias efectivas en materia minera con el objeto de regularizar el cobro por la extensión de los terrenos que se explotan en este sector. Asimismo, solicito a la Secretaría de Economía para que en conjunto con la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, establezcan condiciones viables de trabajo, así como pagos justos por sus servicios a todos los trabajadores mineros del país.

Es imprescindible trabajar porque México sea reconocido mundialmente como un país minero, en el que se respetan los derechos laborales, los recursos naturales y sobre todo, a los mexicanos.

Fuente: Dominio Ciudadano.

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DC

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