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Lozano y PRI, cambios a modo de Televisa y censores en Internet

Lozano y PRI, cambios a modo de Televisa y censores en Internet

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Una columna de Jenaro Villamil

Ni la censura ni la orden de bloquear señales en internet ni el desequilibrio a favor de Televisa en la declaratoria de agente económico preponderante en radiodifusión ni la intervención de la Secretaría de Gobernación en la vigilancia de contenidos en medios de comunicación y con nuevos “candados” que favorecen al duopolio televisivo, el “documento” presentado por el senador  panista Javier Lozano como pre dictamen de la ley de telecomunicaciones fue adoptado, casi en su totalidad, por los negociadores del PRI y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones, presumió que su “pre dictamen” incorporó 192 cambios en 15 temas a la iniciativa presidencial enviada por el Ejecutivo al Senado el 24 de marzo. Sin embargo, la comparación de ambos documentos, cuya copia obtuvo Proceso, revela que sólo matizó algunos aspectos considerados por distintos expertos como violaciones más evidentes a la reforma constitucional en telecomunicaciones.

El panista, criticado por su bancada y reforzado por los negociadores del PRI, afirmó que la censura o las posibles violaciones a la libertad de expresión en internet “desaparece por completo” en su documento, pero el comparativo revela que no es así.

En el caso del Artículo 145, referido a la neutralidad de la red, en el tema sobre “libre elección”, el documento de Lozano agrega un párrafo que según distintos especialistas prácticamente autoriza el bloqueo de señales de manera discrecional:

Los usuarios “podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios, a petición expresa del usuario, o cuando medie orden de autoridad competente”.

Lozano afirmó en rueda de prensa que el bloqueo se permitiría “cuando medie orden judicial”, pero en la redacción de su texto indica “autoridad competente”. Según la abogada Irene Levy, presidenta de Observatel, una autoridad competente también puede ser una autoridad administrativa, no un juez.

En el mismo Artículo, el 145, sobre “no discriminación”, el documento de Lozano realiza una nueva redacción en la que ordena que los concesionarios y los autorizados que presten servicio de acceso a internet “se abstendrán de obstruir, interferir, inspeccionar, filtrar o discriminar contenidos, aplicaciones o servicios”. Le agregó los verbos “inspeccionar” y “filtrar” y eliminó la frase “salvo cuando los mismos sean ilegales o ilícitos”.

La propuesta de Lozano sí elimina, por completo, la frase polémica que estaba en la iniciativa del Ejecutivo federal sobre “Privacidad”, en el mismo Artículo 145 que ordenaba que los concesionarios y prestadores de servicio de internet podían “bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios, a petición expresa del usuario o cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad”.

Conocida como la principal violación a los derechos de los usuarios a la privacidad, esta orden desapareció en el Artículo 145, pero se incorporó con una redacción nueva en el Artículo 189, del apartado de “Colaboración con la Justicia”, en el cual se especifican las otras leyes secundarias que pueden ordenar el bloqueo de señales.

En el documento de Lozano, la redacción nueva del Artículo 189 establece que los concesionarios están obligados “en los términos que establezcan las leyes en la materia, a prestar auxilio a las instituciones federales y locales de procuración de justicia y a las policías que en la investigación de los delitos actúan bajo la conducción y mando del ministerio público, así como a las instancias de seguridad nacional, previstas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Ley de Seguridad Nacional”.

Estas mismas leyes, modificadas por el Congreso durante este gobierno, han sido criticadas por especialistas y defensores de derechos humanos por “criminalizar la protesta social”.

La orden de geo localización será una función nueva del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Según el Artículo 190 del proyecto de Lozano este organismo realizará los lineamientos para “la ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas”.

Otro de los puntos centrales en el debate sobre la iniciativa de Peña Nieto fue considerar a la radiodifusión y a las telecomunicaciones como “sectores” y no como “servicios” para declarar agentes económicos preponderantes. En este sentido, advirtieron varios especialistas en los foros organizados por el Senado, la iniciativa favorece a Televisa, que controla más del 60 por ciento de los servicios de televisión de paga (en cable y satelital) y no se le impone ninguna limitación.

El documento de Lozano mantiene el mismo criterio que la iniciativa presidencial. Se mantiene el criterio de agente económico preponderante por sector. Sólo se incorpora a radiodifusión variables como “audiencia” o “capacidad utilizada en redes” para decretar a una empresa con “poder sustancial en el mercado”, el siguiente escalafón más importante.

En la iniciativa presidencial la definición de agente económico preponderante está en Artículo 260, en el documento de Lozano en el Artículo 254. Y la redacción es igual. Sólo se le agrega el siguiente párrafo:

“Sin perjuicio de la declaratoria de agente económico preponderante de los sectores de la radiodifusión o de las telecomunicaciones, el IFT podrá declarar agentes económicos con poder sustancial en algún mercado de dichos sectores, de conformidad con esta ley y la Ley Federal de Competencia Económica”.

El anteproyecto de Lozano mantiene sin cambios la llamada “cláusula Cablecom” a favor de Televisa, bautizada así por su correligionario Javier Corral, quien considera que la ley le permitirá a la empresa de Azcárraga Jean una mayor concentración en televisión por cable (ver Proceso No. 1952).

El Artículo 276, fracción II sigue igual en la propuesta de Lozano, ahora como Artículo 270. De acuerdo con la redacción se le permite a un agente económico preponderante “la autorización de nuevas concesiones o de la concentración” de nuevas empresas. La única adquisición pendiente es la de Grupo Televisa en la empresa de Cablecom, con lo cual tendrá más del 60 por ciento del control del mercado de televisión por cable.

Lozano favorece aún más los intereses de Televisa y de TV Azteca, ambos opositores a la regla de gratuidad de la retransmisión de sus señales, conocida como must offer must carry.

En una nueva redacción al Artículo 159 sobre la multiprogramación, Lozano incorporó una “innovadora ocurrencia” que le permitirá al duopolio televisivo “decidir unilateralmente qué canales de televisión abierta podrán verse en los sistemas de televisión de paga y cuáles no”, según denunció Grupo Dish, de Joaquín Vargas, en un comunicado de prensa el pasado 24 de abril.

Según Grupo Dish y otros especialistas, este nuevo artículo va en contra de la resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones del 21 de febrero sobre los lineamientos de must carry/ must offer. Este es el único punto que el documento del PRI no incorpora como propio.

“Es un gol que intentó meter Lozano y sus aliados de Televisa”, confirmó a Proceso uno de los legisladores que están en la negociación sobre los detalles de este anteproyecto.

Lozano no sólo descarta sino que responde a las críticas de Telmex-América Móvil sobre la polémica “tarifa cero” en materia de interconexión. En su exposición de motivos, el ex colaborador del gobierno calderonista afirma:

“La regla de gratuidad en la interconexión mientras dure la situación de preponderancia no configura una confiscación de la propiedad, sino diferir un lucro, por lo tanto es un criterio razonable”.

Más poder a SCT y Mantienen Control de Segob

En declaraciones a la prensa, Lozano insistió que su documento “limpia muchísimo” la injerencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Gobernación, en perjuicio de la autonomía constitucional del IFT, el organismo regulador.

Sin embargo, el único cambio sustancial es que elimina a la Secretaría de Gobernación como la dependencia que controlará al Sistema de Radiodifusión Pública, es decir, los medios públicos, pero mantiene el control de esta dependencia sobre la vigilancia de contenidos y sobre la administración de los tiempos de Estado.

Al IFT se le agregan algunas funciones como “vigilar y sancionar el cumplimiento de tiempos máximos establecidos para la transmisión de mensajes comerciales”, “Vigilar y sancionar obligaciones en materia de defensa de los derechos de audiencia”, “supervisar programación infantil” y ordenar la suspensión precautoria de las transmisiones, pero siempre bajo la tutela de la SCT.

Las injerencias de la SCT en la definición de políticas públicas como la Transición Digital Terrestre o la preeminencia del Ejecutivo federal sobre los criterios del IFT se mantienen en el documento de Lozano.

Para el senador Javier Corral, consultado sobre el anteproyecto de Lozano, se trata de “la segunda intentona de Televisa por darse una ley a modo”.

Twitter: @JenaroVillamil

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DC

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