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PT – Morena presenta iniciativa para frenar Ley de Seguridad Interior

PT – Morena presenta iniciativa para frenar Ley de Seguridad Interior

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Palabras del senador Manuel Bartlett al presentar inciativa de Reforma Constituciona para oponerse a la aprobación de la  ley de seguridad interior

La iniciativa de reforma constitucional que planteamos es para:

  1. Oponernos a la pretensión de aprobar una ley de Seguridad Interior porque implica la militarización del país y porque los problemas de México no se resuelven con la violencia, sino con empleo, educación, combate a la desigualdad y a la pobreza.
  2. Sabemos que en México existe un problema grave de seguridad pública, pero la solución a los problemas de seguridad corresponde a las autoridades civiles, como señala el artículo 21 de la Constitución, y no a las fuerzas armadas como señala equivocadamente Osorio Chong.
  3. Las fuerzas armadas no son el problema. Éstas siempre se han distinguido por su nacionalismo, patriotismo, sentido social y popular. Son los altos mandos, Calderón y Peña, los que han buscado transformar las esencias históricas, civilistas y pacifistas de las fuerzas armadas nacionales.
  4. Nosotros no estamos en contra de las fuerzas armadas, queremos que actúen en el marco constitucional y que regresen a los cuarteles. Los gobiernos de Peña y Calderón las han vulnerado insensatamente, y han provocado con sus órdenes militarizantes, inmensas violaciones a los Derechos Humanos, que han sido señaladas por la ONU, y que yo califico, de crímenes de lesa humanidad.
  5. Calderón y Peña son responsables jurídicamente, y ante la historia, por desmantelar el civilismo y el federalismo del Estado Constitucional mexicano, y por crear regímenes de excepción penal y militar, logrando subordinar hasta el Congreso para lograr sus designios.
  6. En la pretensión de aprobar una ley de seguridad interior existe un interés geopolítico de los Estados Unidos por militarizar a nuestro país para la defensa de los intereses norteamericanos. En México no tenemos terrorismo, y el crimen organizado es un fenómeno derivado del alto consumo de drogas en los Estados Unidos. Son problemas que fundamentalmente les corresponden a ellos.
  7. En la iniciativa que presentamos damos a conocer documentos del gobierno de Estados Unidos y de académicos norteamericanos, que sostienen que desde el año de 2001, desde la Patriot Act, hay un proceso hemisférico por militarizar a los países de América Latina, sobre todo aquéllos que como México, no cuentan con controles democráticos y constitucionales, capaces de contener las políticas de seguridad emanadas de Washington.
  8. La Patriot Act de 2001, ha detonado todas las reformas constitucionales y legales en materia de seguridad nacional en México, así como los procesos y mecanismos relacionados con la integración hemisférica en materia de seguridad y, por tanto, un incremento de la influencia norteamericana en nuestra política de seguridad interna.
  9. La guerra declarada contra las drogas del sexenio de Calderón y su continuidad insensata en el gobierno de Peña Nieto, que es una guerra contra los mexicanos promovida por su propio gobierno, tienen su origen en las demandas y exigencias norteamericanas. Son polvos de esos vientos huracanados.
  10. Hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha sometido, a través de la interpretación constitucional, a favor de la militarización de la seguridad pública, tal como lo exponemos en la iniciativa.
  11. Las iniciativas presentadas hasta el momento, por senadores y diputados, para impulsar la aprobación de una Ley de Seguridad Interior, son contrarias a los artículos 21, 89 fracción VI, 73, y 129 de la Constitución de la República. La seguridad pública es una tarea de los civiles, y en época de paz, el lugar de las fuerzas armadas son los cuarteles. Por otra parte, el Congreso de la Unión carece de facultades para legislar en materia de seguridad interior.
  12. La militarización paulatina del país desde 2001 ha significado costos constitucionales porque se ha modificado la cultura que la sociedad tenía sobre las fuerzas armadas. Estamos pasando de una cultura jurídica que pensaba socialmente a sus fuerzas armadas como nacionalistas, populares y defensoras de los intereses comunes, a una cultura jurídica que responde a una hegemonía foránea, con un ejército que se quiere por Peña, cada vez menos popular, desconectado de sus fines sociales y constitucionales.
  13. La militarización ha traído consigo durante estos años, grandes violaciones a los derechos humanos. Más de 200 mil muertos, más de 30 mil desaparecidos, y, miles de desplazados. Está probado que la presencia militar en los Estados no disminuye la violencia sino que la incrementa y, también está probado, que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública implica un aumento en el nivel de letalidad perfecta –el 100% de muertos derivados de sus acciones en materia de seguridad-.
  14. Los costos económicos en la militarización son enormes, como damos cuenta en la iniciativa. Desde 2001 a la fecha se ha incrementado en aproximadamente un 800% el gasto militar en demérito del gasto social, y de 2008 hacia la fecha, el gasto aumenta exponencialmente. Gastamos tres veces más en armamento que lo que los Estados Unidos nos han proporcionado.
  15. Contra la verdad oficial, nosotros demostramos en nuestra iniciativa, que sí existen policías federales, estatales y municipales para hacer frente a la crisis de seguridad en México, pero que deliberadamente se les ha desarticulado, subordinado e invisibilizado.

Por estas razones y otras, en esta iniciativa proponemos:

  1. Derogar las facultades del Congreso de la Unión para aprobar leyes en materia de seguridad nacional. La seguridad nacional debe ser una tarea que corresponda a los ciudadanos y a todas las autoridades, fundamentalmente a las civiles, de acuerdo con sus competencias.
  2. Rechazar la guerra ofensiva. La Constitución de la República sólo debe permitir la guerra exterior en legítima defensa.
  3. En periodos de paz, las fuerzas armadas en el ámbito interno deben tener las siguientes intervenciones: a) en situación de suspensión de garantías conforme al artículo 29 constitucional; b) en intervención federal por siete días en los términos del primer párrafo del artículo 119 de la Constitución; y c) en caso de amenazas o riesgos medioambientales, protección civil, campañas de salud y educativas. En este último supuesto la autoridad militar debe actuar sin armas y estar subordinada, de acuerdo a las competencias constitucionales y legales de cada autoridad, al ejecutivo, al Congreso de la Unión, al poder judicial federal, y al resto de los niveles de gobierno, y órganos constitucionales establecidos en esta norma fundamental.
  4. En la iniciativa proponemos que en el plazo de tres meses, a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional, los integrantes de las fuerzas armadas de la República regresen, en los términos del artículo 129 de la Constitución, a sus cuarteles, sin que puedan atender tareas de seguridad pública ni ninguna otra que no esté comprendida en los supuestos precisos de la fracción VI del artículo 89 constitucional.
  5. Dentro del plazo de tres meses después de la entrada en vigor de este Decreto las autoridades competentes, en los tres niveles de gobierno, deben reasumir sus competencias en materia de seguridad pública. La autoridad que no pueda reasumir sus competencias íntegramente, lo comunicará al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que éste inicie sobre la entidad federativa correspondiente el procedimiento de suspensión de garantías, además de iniciar respecto al Gobernador los procedimientos de juicio político y de responsabilidades que correspondan.
  6. Proponemos declarar nulos, por inconstitucionales, los acuerdos interinstitucionales en materia de seguridad nacional, interior y pública suscritos con los Estados Unidos de América.
  7. Consideramos que se debe constituir una Comisión de la Verdad que estará integrada por cinco titulares electos por los ciudadanos para investigar los actos y omisiones que impliquen violaciones a los derechos humanos, en este y el anterior sexenio, respecto a las conductas de los responsables civiles y militares, incluyendo a los Presidentes de la República, que con motivo de la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública o en la realización de funciones relacionadas con la prevención, contención, investigación y persecución de los delitos vinculados al crimen organizado, hayan cometido violaciones a los derechos humanos.
  8. Se determina que en un plazo de dos meses, a partir de la entrada en vigor de esta reforma constitucional, se realizará la aprobación por parte del Congreso de la Unión de las reglas y procedimientos para constituir un sistema de profesionalización policial que atienda las necesidades de los tres niveles de gobierno, pero ahora si de verdad.

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DC

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