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Se debe brindar certeza al nuevo Fiscal Anticorrupción

Se debe brindar certeza al nuevo Fiscal Anticorrupción

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  • Nuevo Fiscal Anticorrupción debe tener certeza que durará en su encargo por 4 años 
  • La ciudadanía reclama un cambio urgente en las políticas de transparencia y combate a la corrupción
Extracto de la iniciativa presentada por el Senador David Monreal

México es uno de los Estados que ha ratificado instrumentos internacionales contra la corrupción, y uno de los precursores en permitir el acceso a la información pública; sin embargo, dichos mecanismos no han sido suficiente para erradicarla, muestra de ello lo encontramos en el “Índice de Percepción de la Corrupción 2016, Enfoque para México”, elaborado por Transparencia Internacional, en él México cayó 28 posiciones respecto del índice 2015, ubicándose en el lugar número 95 para pasar al lugar 123 de un listado de 176 países, al obtener una puntuación de 30 sobre 100, en una escala donde cero es una percepción de altos niveles de corrupción y 100 son bajos niveles de percepción de corrupción.

Los altos índices de corrupción en el país, no son nuevos, se debe recordar que en el 2010, el documento titulado “Índice de Transparencia y Buen Gobierno”, del Instituto Transparencia Mexicana, indicó que en ese año se identificaron 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos provistos por autoridades federales, estatales, municipales, así como concesiones y servicios administrados por particulares. En 2007 fueron 197 millones de actos.
De lo anterior, la ciudadanía da cuenta de ello, datos de la Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la Legalidad señalan que para el 92 por ciento de los mexicanos encuestados hay corrupción en México, frente al 5.8 por ciento que consideraron que no existe.[*] En este sentido no es de sorprenderse que los ciudadanos poco confían en las instituciones públicas, pues estás no siempre realizan la función para las que fueron creadas.
Como respuesta a las demandas de la sociedad civil, el 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una serie de cambios constitucionales en materia política-electoral, dentro de los cuales se encuentran la conversión de la Procuraduría General de la República en la Fiscalía General de la República, como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio, esto con la finalidad deque el abogado de la nación y toda la institución que encabeza, no se encuentre supeditada en el nombramiento y remoción al Presidente de la República, con este cambio se pretende combatir la impunidad, dar mejores resultados en la persecución de los delitos, fortalecer el principio de imparcialidad, entre otros aspectos.
Asimismo, se aprobó la creación de una Fiscalía Especializada para investigar y combatir hechos relacionados a la corrupción, ello en virtud de que la realidad ha rebasado la capacidad de la actual Procuraduría General de la República, lo que hace necesario establecer una autoridad especializada en la materia, pues son tantos los casos y señalamientos por actos de corrupción que requiere una atención focalizada.
Es importante mencionar que el 27 de mayo de 2015, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción. Dicha reforma dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción, instancia, de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, de acuerdo a lo señalado en el artículo 113 constitucional.
De acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, este Sistema funcionará a partir de un Comité Coordinador, el cual estará integrado por los titulares de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Lamentablemente a pocos años de aprobarse la reforma de 2014, al día de hoy la voluntad política no ha sido suficiente para lograr los acuerdos necesarios para designar al Fiscal anticorrupción. Incluso el pasado 3 de abril se instaló formalmente el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, con la ausencia de dicho Fiscal, situación que da cuenta de la poca voluntad de nombrar a dicho funcionario. Aunado a lo anterior, el 18 de julio de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en la cual se estableció la creación de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, encargada de investigar y perseguir a aquellos que desplieguen conductas de esa naturaleza. En dicha reforma también se establecieron las atribuciones y la organización que tendrá este nuevo organismo.
En síntesis, este conjunto de reformas constitucionales y leyes secundarias han tenido dentro de sus objetivos el combate a la corrupción. La primera de ellas mediante la creación de una Fiscalía Especializada en el combate a la corrupción, dependiente de la Fiscalía General, mientras que la segunda, pretende (entre otras cuestiones), establecer nuevas obligaciones para los funcionarios, en ambas se crean nuevas autoridades y obligaciones en materia de transparencia y combate a la corrupción. La reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República ratifica la creación del nuevo organismo, que se encargará de la investigación de los hechos de corrupción, lamentablemente, a más de tres, dos y un año respectivamente, de estos cambios normativos, no se han logrado materializar los objetivos.
Para que se erradique eficaz y eficientemente la corrupción, México necesita de instituciones fuertes, autónomas, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con total apertura a la participación de la sociedad civil y ajenas a las élites partidarias, de no ser así se estaría cayendo en un círculo vicioso.
Es por ello, que la presente iniciativa pretende ampliar el alcance de la Reforma Constitucional de febrero de 2014 y elevar a rango constitucional la autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con hechos de Corrupción, para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones.
Las circunstancias reclaman una autoridad que no dude en actuar de manera autónoma, incluso en contra de su superior jerárquico, teniendo como garantía que su forma de proceder no tendrá como represalia su destitución. Por ello se plantea que las únicas causas por las cuales el Senado de la República podría removerlo es por lo establecido en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Además, debido la crisis y falta de credibilidad de las instituciones en México, es indispensable un perfil intachable en la Fiscalía anticorrupción, en este sentido la presente iniciativa adiciona otros requisitos para poder ocupar el cargo de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, los cuales además de los contemplados para el Fiscal General, son elno pertenecer ni haber pertenecido a algún partido político, al Ejército, Armada, Fuerza Aérea o Guardia Nacional; no haber desempeñado cargo alguno de elección popular, esto con la finalidad de garantizar que el titular de la Fiscalía Especializada sea ajeno a vínculos partidistas o de gobierno, de esta manera la ciudadanía tendrá la seguridad de que el responsable de investigar los delitos relacionados con hechos de corrupción actúe con estricto apego al principio de legalidad.
Del mismo modo, para dar congruencia con la reforma electoral 2014, se propone modificar el Artículo Transitorio Décimo Octavo con el objeto de que el nombramiento del primer Fiscal Especializado en Materia de Delitos relacionados con hechos de Corrupción tenga la certeza que durará en su encargo los cuatro años contemplados en dicha reforma que dio autonomía a la Fiscalía, de lo contrario, en los términos en que se encuentra actualmente dicho precepto, solamente estaría en su encargo hasta el 30 de noviembre del 2018, es decir, apenas 19 meses.
La ciudadanía reclama un cambio urgente en las políticas de transparencia y combate a la corrupción. Para lograr un cambio, es necesaria la cultura de la legalidad en todo el país, los Poderes de la Unión deben dar la muestra de que sí es posible mejorar la realidad que enfrenta la nación. Para lograrlo se requiere de autoridades autónomas, honestas y sin compromisos para perseguir y castigar a todo aquel que actúe en perjuicio del bien común. Es momento de poner un alto a la impunidad, y comenzar a construir un verdadero Estado democrático de derecho.

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DC

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